La sociedad mundial podría obtener una lección clave de la reciente y sin precedentes catástrofe financiera originada en el mundo desarrollado. Procesos que conllevan incrementos en desregulación usualmente involucran arreglos institucionales que introducen incentivos perversos que no generan comportamientos humanos socialmente beneficiosos. La reducción del empleo mundial (donde los países en desarrollo comparten una gran parte de esta carga), la disminución de las tasas de crecimiento económico reflejadas en el incremento de la brecha de pobreza y la disparidad económica entre el norte y el sur y entre las diferentes clases de las sociedades del mundo, son sólo unos ejemplos del impacto global generado por regulaciones internas deficientes en el comercio de productos financieros y sistema crediticios predatorios en el mercado habitacional que llevaron a la crisis financiera.
En la actualidad, se puede observar la misma tendencia apoderándose del régimen climático y sus procesos de negociación al reconocer el disminuido soporte de los países para la continuación y refuerzo del Protocolo de Kyoto como el único tratado internacional cuyo objetivo es reducir el calentamiento global y hacer frente a los inevitables incrementos de temperatura – Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés). Como mínimo, es difícil esperar que se obtengan resultados positivos de esta tendencia.
En Cancún, el decreciente soporte para la continuación y el fortalecimiento del régimen prevaleciente fue evidente. Un gran numero de países – particularmente del mundo desarrollado – como Japón y Australia, públicamente anunciaron su voluntad de no adoptar un segundo periodo de compromisos del protocolo de Kyoto – el único instrumento legalmente obligatorio con compromisos significativos y medidas integrales que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la UNFCCC. Esta posición puede ser explicada por el siguiente fundamento doble. Primero, a la luz de la crisis financiera y la recesión económica global, no es del interés de los países desarrollados el participar en nuevos compromisos por reducir los gases de efecto invernadero que puedan afectar su recuperación y competitividad en relación a las economías emergentes tales como China, Brasil, India y Sudáfrica. Segundo, hay una amplia concepción que dentro de un marco regulatorio incipiente una mayoría de países, incluyendo las economías emergentes y los Estados Unidos, el único país desarrollado no obligado bajo el Protocolo de Kyoto, podrían potencialmente comprometerse a implementar acciones acorde con sus posibilidades económicas y legislación doméstica.
La posición mencionada anteriormente, aunque de alguna manera justificable dentro de una perspectiva de recuperación económica doméstica, tiene varias falencias e implicaciones globales. En el ámbito legal, la adopción de un segundo periodo de compromisos es una obligación establecida bajo el Protocolo de Kyoto y, por tanto, compulsoria para los países que ratificaron este instrumento legal, salvo que el tratado internacional no fuera denunciado previamente – un proceso que tiene sus consecuencias inherentes. En el ámbito económico, hay cada vez más evidencias de que la ausencia de un segundo periodo de compromisos enviaría señales negativas a los mercados de emisiones – donde los productores y compradores encuentran incentivos para realizar transacciones sobre servicios de mitigación – al incrementar los riesgos e incertidumbre. En términos de impacto ambiental, el reemplazo de mecanismos obligatorios de reducción de emisiones de los gases de efecto de invernadero con esquemas voluntarios de acciones domésticas podría tener resultados insatisfactorios relativos al objetivo de limitar el incremento de temperatura a 2 grados Celsius. Particularmente este parece ser el caso, ya que un potencial marco que permita la discrecionalidad de implementar acciones domesticas voluntarias podrían introducir incentivos insuficientes para alcanzar el nivel de ambición de la acción colectiva global que se requiere.
El intento en Cancún de algunos países por debilitar el régimen climático vigente no establece precedentes para mantener altas expectativas para que en el futuro cercano se implementen acciones efectivas y significativas de combate contra el cambio climático por parte de los mayores contaminadores. Esto inclusive a pesar del despliegue de grandes esfuerzos de los países en desarrollo. En efecto, el Ecuador ha propuesto actividades innovadoras. Por una parte, este país sudamericano propone la Iniciativa Yasuní-ITT – la cual demanda renunciar a la explotación de un 20% de las reservas de petróleo y su emisión asociada de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono, protegiendo la diversidad cultural y natural en uno de los parques naturales mega bio-diversos más importantes del planeta. Por otra parte, el Ecuador tiene planificado proponer un mecanismo alternativo de mitigación que mejore la costo-efectividad y se ampare en el concepto de emisiones netas evitadas. Frente a estos esfuerzos, hay una necesidad urgente de que los países desarrollados correspondan y reconozcan las responsabilidades históricas apropiadamente mediante el compromiso de asegurar una buena gobernanza climática y un robusto funcionamiento de mercados y su regulación.
La tendencia actual de debilitar el marco regulatorio de las actividades climáticas deteriora el rol de las Naciones Unidas como un cuerpo de gobierno unificado para asuntos globales. Indudablemente, no se podría esperar que la combinación de estos factores pueda llevar a la sociedad y ecosistemas globales a resultados menos que catastróficos e irreversibles. Casos anteriores sugieren fuertes vinculaciones entre desregulación y crisis en varios sectores. La reciente crisis financiera vinculada a regulaciones domésticas laxas en Islandia y Estados Unidos resaltan patrones similares.
La discusión anterior denota que un contrato social internacional puede ser más efectivo y transparente que cualquier iniciativa doméstica débil. Que este corto artículo sirva como una alerta temprana acerca de la necesidad de compromisos políticos reales que pueden ayudar a aplicar una lección de la reciente y aún sin precedentes catástrofe financiera originada en el mundo desarrollado. Si la sociedad requiere comportamientos humanos socialmente beneficiosos para combatir el cambio climático, los procesos que llevan a incrementar la desregulación no nos llevarán por el camino correcto.
