La sociedad mundial podría obtener una lección clave de la reciente y sin precedentes catástrofe financiera originada en el mundo desarrollado. Procesos que conllevan incrementos en desregulación usualmente involucran arreglos institucionales que introducen incentivos perversos que no generan comportamientos humanos socialmente beneficiosos. La reducción del empleo mundial (donde los países en desarrollo comparten una gran parte de esta carga), la disminución de las tasas de crecimiento económico reflejadas en el incremento de la brecha de pobreza y la disparidad económica entre el norte y el sur y entre las diferentes clases de las sociedades del mundo, son sólo unos ejemplos del impacto global generado por regulaciones internas deficientes en el comercio de productos financieros y sistema crediticios predatorios en el mercado habitacional que llevaron a la crisis financiera.
En la actualidad, se puede observar la misma tendencia apoderándose del régimen climático y sus procesos de negociación al reconocer el disminuido soporte de los países para la continuación y refuerzo del Protocolo de Kyoto como el único tratado internacional cuyo objetivo es reducir el calentamiento global y hacer frente a los inevitables incrementos de temperatura – Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés). Como mínimo, es difícil esperar que se obtengan resultados positivos de esta tendencia.
En Cancún, el decreciente soporte para la continuación y el fortalecimiento del régimen prevaleciente fue evidente. Un gran numero de países – particularmente del mundo desarrollado – como Japón y Australia, públicamente anunciaron su voluntad de no adoptar un segundo periodo de compromisos del protocolo de Kyoto – el único instrumento legalmente obligatorio con compromisos significativos y medidas integrales que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la UNFCCC. Esta posición puede ser explicada por el siguiente fundamento doble. Primero, a la luz de la crisis financiera y la recesión económica global, no es del interés de los países desarrollados el participar en nuevos compromisos por reducir los gases de efecto invernadero que puedan afectar su recuperación y competitividad en relación a las economías emergentes tales como China, Brasil, India y Sudáfrica. Segundo, hay una amplia concepción que dentro de un marco regulatorio incipiente una mayoría de países, incluyendo las economías emergentes y los Estados Unidos, el único país desarrollado no obligado bajo el Protocolo de Kyoto, podrían potencialmente comprometerse a implementar acciones acorde con sus posibilidades económicas y legislación doméstica.
